"Por primera vez una administración públic, en el ámbito de lo social, exigirá a todos los centros un sistema de evaluación de la calidad, necesitando los centros residenciales de más de 100 plazas el certificado de calidad externo, como la ISO o el EFQM, por un organismo acreditado a tal efecto", segúnconsta en el texto, al que tuvo acceso Servimedia..

El anteproyecto, aprobado por el Gobierno regional tras recibir el informe del CES, que ha realizado matizaciones que han sido incorporadas, introduce novedades como un "sistema más rápido yeficaz para actuar de forma inmediata contra los centros 'piratas', a través de un proceso administrativo específico denominado 'suspensión de actividad', que se iniciará de oficio y en el que los plazos y las actuaciones están extremadamente acotadas, además de imponérsele una multa automática de 60.000 euros".

Asimismo, obliga a estos centros a contar con un director con formación adecuada y homologada y extiende la responsabilidad, en caso de infracción, no sólo a la entidad titular sino también a ste como responsable directo de la gestión, pudiendo ser sancionado con la inhabilitación cuando cometa alguna falta grave.

El proyecto de la Consejería de Servicios Sociales establece un decálogo de derechos de los usuarios y regula la posibilidad de modalidades alternativas de pago, como la cesión de bienes, el reconocimiento de la deuda o el pago en especies (patrimonio), estableciéndose para este último caso una serie de garantías que protejan al usuario, que en muchas ocasiones puede estar indefeso, y garanticen sus derechos.

"Con esta ley avanzamos de forma decidida en garantizar la protección de los grupos de población más vulnerable, impulsando decididamente la mejora de la calidad en la prestación de los servicios sociales", se expone en el documento.

Ese anteproyecto, que será debatido en la Cámara regional, contiene normas que afectan a todos los centros y servicios, tanto públicos como privados, tales como residencias para mayores, discapacitados y menores o servicios de ayuda a dmicilio y teleasistencia.

Además, establece que estos centros deben ser inspeccionados al menos una vez al año y en todos los casos en los que medie una denuncia, además de un régimen sancionador que en las infracciones graves pueden alcanzar los 600.000 euros. Las muy graves podrán conllevar la prohibición del ejercicio de cualquier actividad empresarial de carácter social, la exclusión de la financiación pública, el cierre temporal y que se publique el nombre y hechos cometidos a través del BOCAM o e los medios de comunicación.