Manifestó que puede haber, además de estas 1.200 familias afectadas por este supuesto fraude, al quedarse sin el dinero entregado hasta la fecha (más de 3 millones de pesetas) y sin el piso, al haber vendido CPV los terenos a otra empresa, otras 10.000 más en otros desarrollos urbanísticos de la capital.

Tras criticar el modelo de desarrollo urbanístico del PP, basado en la "ausencia total de controles públicos", acusó al Gobierno regional de no aplicar sus competencias en materia de disciplina urbanística, control y sanciones.

"El PP es moral y políticamente responsable de lo sucedido", explicó Simancas, que afirmó que el Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Madrid remitirá al fiscal todo la informacón que posee sobre los PAUs, al considerar que se ha vulnerado la legalidad.

La FSM, asimismo, se personará como acusación particular en este caso y pondrá al servicio de los afectados por este presunto fraude toda la ayuda que necesiten.

En este mismo sentido, la candidata del PSOE a la Alcaldía de Madrid, Trinidad Jiménez, alertó sobre la posibilidad de que Hacienda pida a los afectados que devuelvan las cantidades desgravadas en concepto de ayuda a la compra de un piso.

Dijo que son resposables de este caso tanto el alcalde, José María Alvarez del Manzano, como el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, al hacer dejación de sus funciones de control y tutela sobre estas operaciones urbanísticas.

En nombre de los afectados habló Elena Barrionuevo, quien explicó que les han dejado sin vivienda y sin el dinero entregado, que va desde los 3,5 millones de pesetas hasta los 12 pagados por distintos integrantes de una misma familia.