Sabanés hizo esta petición después de la reunión que mantuvo, en compañía del edil de la coalición Julio Misieg, con representantes de los trabajadores del SER para expresarles su apoyo y hacerse eco de sus reivindicaciones laborales.

La portavoz de IU denunció también que los trabajadores son objeto de agresiones y que no están respaldados jurídicamente y señaló que "hasta el momento los empleados del SER han tenido que pagar de su bolsillo las costas de los juicios a lo que han tenido que acudir".

A su juicio, es "incomprensible" la actitud del Gobierno de Gallardón, al que tildó de "insolidario" por "mrar hacia otro lado ante los problemas de los trabajadores que dan un servicio público a los madrileños. Un servicio con el que las empresas privadas están ganando fuertes sumas de dinero".

IU cree que el Gobierno de Gallardón tiene la responsabilidad de "tutelar y gobernar aquellos servicios de interés público, aunque su gestión se la haya adjudicado a empresas privadas como es el caso de la vigilancia de las 43.000 plazas de estacionamiento reguladas por parquímetros existentes, de momento, en Madri".

A juicio de IU, se está generando un caos y un deterioro en el tráfico de la ciudad, que las condiciones salariales y de seguridad de los trabajadores del SER son "lamentables e inaceptables", frente a los beneficios económicos que obtienen las tres empresas a las que se adjudico el contrato (Dornier, Eysa y Setex-Sufy).

Con respecto a este tema, IU tiene previsto presentar una propuesta al Pleno del día 27 en la que, además de reclamar la mediación del Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Marid, pedirá que se apliquen sanciones a las tres empresas por incumplimiento de contrato, ya que considera que éstas tienen responsabilidades concretas por no ofrecer servicio en los días de huelga.

La coalición estima que si persiste el conflicto debe rescindirse el contrato a las adjudicatarias del SER, según Sabanés, que recordó que aunque su grupo dio el visto bueno a este servicio no comparte la privatización de su gestión y que ya advirtieron de los problemas que podían surgir al adjudicarse est servicio en "pocas y poderosas manos empresariales", en referencia a las empresas FCC, que está detrás de Eysa, y a Ferrovial, dueña de Dornier.

IU está convencida de que el trío de empresas contratadas no tienen "gran interés" en negociar una solución a la huelga de parquímetros, porque cada una de ellas cobra un canon fijo que oscila entre los cinco y seis millones de euros anuales.

Misiego criticó que servicio parquímetros ha llegado "tarde y mal a la ciudad", porque entre otras razones el plego de condiciones del concurso que adjudicó esta prestación "es muy ventajoso para las empresas privadas y pésima en cuanto a las condiciones de los trabajadores".

Señaló que su sueldo no alcanza los 600 euros mensuales y que los trabajadores sólo piden que se equipare su salario -entre 600 a 900 euros- a los de los empleados de otras ciudades como Barcelona, Pamplona o Valladolid.

Esta formación defiende la firma de un convenio colectivo que unifique los criterios de horarios y turnos en las trs empresas y cree que "otro de los aspectos urgentes que quieren aclarar es el de la seguridad".