La cuestión es que en la operación intervienen las tres administraciones (ayuntamiento, CAM, Renfe y Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente), pero los interlocutores de la empresa pública se encuentran en una situación de interinidad hasta que se forme el nuevo gobierno.

Esta realidad política ha llevadolos responsables municipales de urbanismo a definir Chamartín en el nuevo Plan General de Urbanismo como "un área de planeamiento remitido", a desarrollar mediante un plan especial de reforma interior (PERI), instrumento en el que también está de acuerdo el consejero de Urbanismo, Luis Eduardo Cortés, según Del Río.

El concejal añadió que, cuando Renfe y el ministerio cuenten con responsables estables, la CAM y el ayuntamiento presentarán una oferta conjunta "razonable" sobre Chamartín.

Del Río eñaló que hay que contar con tres factores: el hecho de que la estación es un centro de transportes de importancia nacional; la aspiración municipal a favorecer la calidad de vida y no hacer una ciudad más densa, y el deseo del ayuntamiento de realizar la prolongación de la Castellana. "Todo eso hay que conjugarlo, pero es un problema técnico, llegando al punto también crítico y de equilibrio", afirmó.