Iglesias, tras decir que "en Madrid desde hace unos años los tiroteos, navajzos y muertes violentas se han convertido en algo habitual, declaró a Servimedia: "Los madrileños sentimos miedo ante el espectacular incremento de muertes violentas en Madrid, en cualquier lugar y a cualquier hora. Ante las más de 229 muertes en los tres últimos años, queremos respuestas por parte del Delegado del Gobierno y de Gallardón. Queremos que dejen de mirar a otro lado y solucionen hechos tan graves. Por eso exigimos que se realice Un Plan de Choque contra la Criminalidad Organizada en nuestra Counidad".

Calificó de "escandalosa la falta de políticas de seguridad por parte de la CAM y que desde la Delegación del Gobierno no se haga nada. Cada fin de semana ocurran hechos violentos y no suceda nada. Llevamos años pidiendo al PP que explique su estrategia de seguridad ciudadana. Resulta sorprendente este silencio institucional, la falta de planificación y la carencia de estrategia que hacen que la policía esté dando tumbos".

El PSOE, además, quiere saber las medidas que se están realizandopara acabar con las agresiones, "que de no aclararse pueden generar hacia ciertos colectivos un rechazo por el mero hecho de verse afectados".

"La seguridad es un derechos de todos los ciudadanos y no un privilegio de algunos. Las fuerzas de seguridad tienen que recibir órdenes claras y contar con más medios para realizar su labor y las instituciones tiene que establecer programas de educación en los valores de tolerancia, libertad, solidaridad para convertir nuestras ciudades en sitios adecuados y seuros donde poder disfrutar y vivir en libertad", añadió Iglesias.

Por último, los socialistas solicitaron que se intensifiquen las labores de inspección y control sobre la posesión y venta de armas, aplicando el artículo 563 del Código Penal que dice que la tenencia de armas prohibidas y la de aquéllas modificadas, será castigada con la pena de prisión de uno a tres años; y aplicando también el reglamento de armas que en su artículo 156 prevé que las tiendas que vendan armas prohibidas puedan ser clauuradas hasta seis meses y multadas con un máximo legal de cinco millones.