La promotora de viviendas CPV está acusada de estafar presuntamente a 1.200 familias, que se han quedado sin el dinero entregado para adquirir un piso y sin las viviendas, ya que el suelo donde se iban a levantar sus casas fue vendido.

"Ha sido un fraude tutelado, por omisión, por el Ayuntamiento de la capital y por el Gobierno regional, ambos del PP", afirmó ómez, quien añadió que "no es el primer escándalo y esperemos que no salgan muchos más".

A su juicio, la Comunidad de Madrid, que tenía que "haber tutelado, como administración pública, un desarrollo urbanístico aprobado por ella misma, se ha lavado las manos. Los socialistas le pediremos, en sede parlamentaria, que articule medidas".

"Les vamos a pedir responsabilidades políticas y soluciones como la concesión de créditos blandos por parte de Cajamadrid, que no sólo está para hacer negocios", añdió.

El portavoz adjunto de IU de la Asamblea de Madrid, Juan Ramón Sanz, calificó esta presunta estafa de "espectáculo lamentable y un hecho social que deja desamparadas a más de 12.000 familias". Dijo que la oposición "llevamos dos años denunciando la corrucpción existente en el sistema de actuación de los PAUs de la capital".

"El PP ha venido sabiendo durante siete años lo que pasaba y hoy asistimos a la culminacion de un proceso denunciado hasta la saciedad en la Asamblea. Este robo a mano arada por parte del sector privado se hace en connivencia con una administración del PP que ha sido incapaz de garantizar que estos fenómenos no se produzcan. Hay mecanismos legales para actuar, pero el PP se ha tapado los ojos, la nariz y los oidos", añadió.

Sanz dijo que el programa electoral de IU para los comicios de 2003 incluirá una propuesta para garantizar el control de las administraciones sobre este tipo de actuaciones urbanísticas.

El portavoz del PP, Miguel Angel Villanueva, recordó queRuiz-Gallardon ya anunció que la Comunidad de Madrid se ha dirigido a la autoridad judicial para saber si los procedimientos abiertos pueden continuar en el ámbito de la administracion regional.

"Estamos ante el caso de una presunta estafa. Desde el Grupo Popular queremos que el Ministerio Fiscal actúe con todas sus conscuencias y que los jueces determinen las presuntas responsabilidades penales o civiles. Sólo podemos colaborar en todo lo que nos pida", manifestó.