Sabando indicó que el artículo 20 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas recoge las prohibiciones para contratar con la Administración y dijo que en uno de sus apartados se refiere a las personas que han sido sancionada con carácter firme por infracción muy grave en materia de disciplina de mercado, en materia profesional o en materia de integración de minusválidos, o muy graves en materia social o en materia de seguridad y salud en el trabajo.

Señaló que diez empresas sancionadas por la Consejería de Economía han recibido, desde 1998, adjudicaciones de obras por un valor superior a los 62.000 millones de pesetas, de los que unos 17.000 millones son contratos con las consejerías y el resto, más de 45.000 millones depesetas, con Madrid Infraestructuras de Transportes (Mintra), encargada de realizar el Metrosur.

Sabando afirmó que no sólo se ha incumplido la ley de contratos, sino que el presidente, Alberto Ruiz-Gallardón, y su partido, el PP, "se han burlado políticamente de todos", ya que la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad una moción, en noviembre de 2001, instando a la CAM a inhabilitar a las empresas con sanciones de todo tipo para contratar con la Administración autonómica.

"Todo esto supone unairresponsabilidad del Gobierno regional y espero que Gallardón responda en sede parlamentaria. Si no conseguimos que se cumpla la ley por la vía política, recurriremos a la vía judicial, con prudencia pero con firmeza", manifestó. A su juicio, no cumplir la ley implica que aumenta la responsabilidad política de la CAM en materia de siniestralidad laboral.

El portavoz socialista en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, Antonio Fernández Gordillo, autor del trabajo de seguimiento de las contrtaciones de la Administración regional, dijo que durante 2001 se produjeron 142 muertes y más de 1.500 heridos en accidentes laborales.

Asimismo, dio cuenta de las empresas con sanciones muy graves contratatas por la CAM y denunció que "la CAM no está llevando a cabo la aplicación automática de la prohibición de contratar a empresas con infracciones muy graves".