Esta proposición fue elaborada a raíz de un incidente ocurrido el pasado 5 de julio de 1995, cuando dos jóvenes fueron agredidos en el parque de `El Capricho' por un vigilante jurado, hechos que se repitieron posteriormente con otros dos chicos en el mismo lugar.

A estos se une otro producido el pasado 27 de agosto cuando un numerosos grupo de personas quedaron encerradas en el mismo parque y que tuvieron que ser rescatadas por la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos

En este sentido, el grupo socialista estima que "el Ayuntamiento no ha rescindido el contrato con la empresa, a pesar de que va contra la Ley de Seguridad Privada poner vigilantes en lugares públicos".