En una nota de prensa, Merino denuncia que "el dinero procedente de la venta de papel, que asciene a 100 millones de pesetas anuales, va a parar a las empresas privadas y no a las arcas municipales, lo que es absolutamente ilegal".

Por ello, el PSOE ha pedido al interventor general del Ayuntamiento de Madrid que certifique las cantidades que ha ingresado por la venta de papel recogido de los contenedores desde 1992, año el que se implantó el sistema de recogida selectiva de papel y cartón.

Por su parte, el concejal de Medio Ambiente del PP, Adriano García-Loygorri, ha desmentido las acusacioes de Merino y ha asegurado que "hemos negociado un nuevo convenio con los recicladores de papel, que sustituye y mejora el que se firmó en 1991, en el que se ha incluido una cláusula que obliga a estos recicladores a pagar al ayuntamiento el papel que hasta ahora se les ha entregado".