Con estas afirmaciones, criticó el convenio entre la Comunidad de Madrid y la Conferencia Episcopal, firmado en 1999, por considerar que se formalizó "contraviniendo la normativa vigente con el único objetivo de agradr a esta institución, que desde hace tiempo viene reclamando este tipo de medidas, lo que terminará por reabrir una vieja batalla que creíamos cerrada".

En su opinión, la Consejería de Educación debería dejar sin efecto el acuerdo con la Conferencia Episcopal, al contravenir la normativa estatal, ya que, "si nadie lo remedia, estos proyectos acarrearán disputas políticas, sociales y jurídicas que nadie con buena voluntad desea en un tema tan delicado".

Explicó que, con la actual legislación, los adres deciden libremente si sus hijos van a recibir o no formación religiosa, acorde con sus creencias, en aquellos cursos de las etapas anteriores a la Universidad en los que está prevista esta materia o su alternativa. Ni en la F.P. ni en el segundo y último curso de Bachillerato existen enseñanzas religiosas.