En declaraciones realizadas al término de la Junta de Portavoces de la Asamblea regional, Simancas señaló que la citada ley establece que durante los dos años siguientes al cese no se podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes en los que se ha intervenido como alto cargo.

Simancas dijo que Carlos Mayor Oreja está inmerso en una "ilegalidad manifiesta" porque, en su etapa de consejero, "autorizó a la Fundación Universitaria San Pablo CEU a mpartir estudios superiores de Medicina en su segundo ciclo, convirtiendo a este centro en el único con tales privilegios".

El portavoz socialista citó también a otros dos ex altos cargos que habrían incurrido en "inmoralidad manifiesta" al colocarse en empresas con las que mantuvieron relaciones en el ejercicio de sus responsabilidades públicas: el ex gerente de la Agencia Antidroga José Cabrera y el ex coordinador de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental Guillermo Camacho.

Menconó también el caso de José María del Baño, que ha sido incluido en la Comisión de Expertos que analizará la reforma de la Ley del Suelo de la Comunidad Madrid después de haber sido el autor del informe que declaró que el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, no incurrió en incompatibilidad entre su cargo público y sus actividades privadas.

En su respuesta, Beteta restó importancia a las acusaciones de Simancas, a quien invitó, "si tiene conocimiento de una irregularidad", a denunciala por los canales legales oportunos.

Respecto al caso de Carlos Mayor Oreja, dijo que "la adjudicación de unas determinadas competencias a una universidad privada no es competencia de un consejero, sino del Consejo de Gobierno".

"Antes de acusar", añadió, Simancas "tiene que estudiar la legislación vigente. Son acusaciones sin sentido ni fundamento, todo forma parte del nerviosismo del PSOE y de Simancas, porque van a perder las elecciones".