Según el decreto aprobado por el Consejo de Gobierno, los propietarios que adquirieron una casa del IVIMA comprándola a los verdaderos adjudicatarios de las mismas, transacción prohibida por la ley, podrán legalizar su situación, siempre que cumplan una serie de requisitos, como ser ocupates de las casas desde antes de junio del 94, que no tengan otra casa y que ganen menos de 150.000 pesetas mensuales.

Con carácter previo a la regularización, los contratos de los antiguos propietarios de las casas serán rescindidos, para que los actuales dueños puedan vender o alquilar la vivienda.

Rodríguez Colorado declaró que esta medida servirá para que afloren los propietarios ilegales y puedan legalizar su situación. Esta regularización podría afectar al 85% de los irregulares, ya que los ue accedieron a la casa por el "método de la patada en la puerta" han quedado excluidos del decreto.

El decreto señala que los que no regularicen su situación en el plazo de seis meses serán desalojados de las viviendas que ocupan y que la Comunidad de Madrid no reconocerá los pagos efectuados por el ocupante al titular de la casa, aunque sí computará las entregas realizadas por cualquiera de los dos a la Admiistración autonómica.