La comisión concluyó que el ex director general de Empleo de la Comunidad de Madrid (CAM), Juan Navarro, que dimitió de su cargo el mismo 29 de diciembre, actuó de forma presuntamente negligente en la concesión de subvenciones a empresas del grupo Ibercoop y que deberá ser la Justicia quien se pronuncie sore posibles responsabilidades penales en este caso.

Los grupos políticos de la Asamblea de Madrid decidieron enviar sus conclusiones al fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Ahora, con la petición de un pleno extraordinario, el PP pretende "facilitar que los órganos jurisdiccionales se pronuncien con rapidez sobre las posibles responsabilidades penales y contables de la trama Ibercoop", afirmó el portavoz popular Antonio Beteta.

El PP sostiene que las responsabilidades política alcanzan al consejero de Economía, José Luis Fernández Noriega, "al no haber cesado al director general de Empleo por las deficiencias en su gestión, avalándole hasta el final", según la diputada Carmen Alvarez-Arenas.

Del mismo modo, Alvarez-Arenas responsabiliza al consejero "por no haber anulado otras subvenciones que no pertenecían al grupo Ibercoop, como hizo con éstas, y por haber ocultado información fundamental para el desarrollo de las investigaciones".

"A juicio de mi grupo", añadió ladiputada, "hay indicios claros de presuntos delitos de prevaricación, malversación en caudales públicos, fraude en las subvenciones y falsedad en documento mercantil por parte de las empresas, y queremos que esto quede claramente expuesto ante el pleno".

Asimismo, el Grupo Popular mantiene su voto particular para presentar demanda de juicio contable ante el Tribunal de Cuentas para exigir que el daño patrimonial causado a las arcas de la CAM, valorado en 113 millones de pesetas por el PP, sea subsanad. El PP ha anunciado que presentará esa demanda si el pleno no acepta que sea la Asamblea la que lo solicite.

Por último, Carmen Alvarez-Arenas señaló que, para evitar más casos de este tipo, la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la CAM debería incluir también las subvenciones concedidas por la CAM y los demás organismos y entes públicos, "del mismo modo que hemos pedido el establecimiento de un sistema de fiscalización previa por parte de la Intervención General de la CAM sobre los models de licitación y pliegos de condiciones para la contratación de obras y servicios en la Comunidad de Madrid".