Las resoluciones de IU pedían la reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales, la derogación de la legislación sobre Empresas de Trabajo Temporal y un salario social para los parados que no reciben ninguna pecepción por desempleo.

Las del grupo socialista también fueron rechazadas, menos una que pedía impulsar el empleo a través de los llamados nuevos yacimientos de trabajo.

Entre las resoluciones del PP, aprobadas todas, destaca una que insta al Gobierno regional a ofrecer a los madrileños una formación profesional para el empleo ocupacional y continua que permita su acceso al mercado de trabajo y su adaptación a las condiciones del mismo, mediante la gestión coordinada de los recursos presupuestaris de alrededor de 30.000 millones de pesetas dedicados a este tipo de acciones en 1999.