Añadió que eso supone la existencia de "corrupción" en el departamento dirigido por Virgilio Cano, del que dijo que tiene "una responsabilidad evidente".

El portavoz popular explicó que las empresas adjudicatarias "forman un entramado con un nexo de unin: Máximo Parrón, entonces funcionario de Cooperación, cuyos familiares más directos son propietarios de las mismas".

Asimismo, acusó a Cano de "no querer ver ni frenar" estas irregularidades y a Joaquín Leguina, presidente de la CAM, de "no saber impedir la corrupción, aunque hubiera querido, pero fue incapaz".

Según los datos del PP, del total de 120 contratos analizados, 27 son de asistencia técnica y 93 de obras. Además, hubo 86 modificados en contratos de obras y 26 aumentos de medición en cntratos realizados.

Algunas de las irregularidades denunciadas son que las empresas adjudicatarias concurrían con ofertas de empresa "asociadas", lo que supone "la existencia de confabulación para incurrir en fraude de ley".

Beteta afirmó que Máximo Parrondo, funcionario y director de obras hasta 1991, trabajó en Mercasa al dejar la consejería y ahora dirige sus empresas.