La demanda fue presentada, a titulo personal, por los 47 diputados conservadores, ejercieno la acción popular como ciudadanos, ya que la ley no preve la posible personación como grupo parlamentario.

En opinión de Beteta, el Tribunal de Cuentas ya dió la razón al PP en las denuncias y actuaciones contrarias a la ley detectadas en todo lo referido al denominado `caso Atocha', en cuyo proceso judicial está personado el PP como acusación.

A la vista del posible del posible perjuicio patrimonial que se ha causado, estimado en unos 500 millones de pesetas, los conservadores han decidido ejecer la acción popular para que se determinen las responsabilidades de los gestores de fondos públicos que han incurrido en estas actuaciones.

Las personas señaladas por el PP como presuntos responsables son los consejeros de Salud, Educación y Cultura y Cooperación, Pedro sabando, Jaime Lissavetzky y Virgilio Cano, respectivamente.

Beteta recordó que su grupo presentó también una demanda de responsabilidad contable, en octubre de 1993, por las numerosas irregularidades cometidas por la extinta Diutación Provincial de Madrid, en la que acusa a los siguientes ex altos cargos: José María Rodríguez Colorado, ex presidente, José Borrell, ex diputado responsable de la Hacienda Pública, Lorenzo Hernández, ex diputado responsable de Obras Públicas, y María Gómez de Mendoza, ex diputada responsable de Salud Pública.