Para esta asociación, el hospital vulnera el derecho de los pacientes a la cnfidencialidad de sus datos al traspasar la gestión de los archivos a una empresa privada.

Por este motivo, considera que la medida es anticonstitucional y pide al Defensor del Pueblo que actúe y "tome cartas en el asunto".

El hospital tiene previsto ceder a una empresa la gestión de más de un millón de fichas médicas, una decisión que también provocó las críticas de sindicatos y partidos.