Las empresas adheridas pueden ostentar en sus establecimientos el distintivo oficial de arbitraje de consumo, lo que les proporciona un plus de garantía y calidad en la prestación de sus servicios, que los distingue frente a sus competidores. Los consumidores, por su parte, en el caso de que surja cualquier desavenencia con el establecimiento o profesioal pueden solicitar a la Junta Arbitral Regional de Consumo que resuelva la controversia.

El procedimiento de arbitraje culmina con la emisión de una resolución o laudo arbitral de obligado cumplimiento por ambas partes y que tiene el mismo valor que una sentencia judicial, de manera que en el supuesto de que una de las partes no lo cumpliera la otra puede solicitar su ejecución al Juzgado de Primera Instancia competente.

Las ventajas añadidas que tiene el procedimiento de arbitraje para el consuidor y el empresario son la gratuidad, ya que no se precisa la asistencia de un abogado o de un procurador y está exento de formalidades especiales; la rapidez, puesto que la fecha límite para la emisión del laudo es de cuatro meses, y la equidad ya que el Colegio Arbitral que dicta la resolución está constituido por un representante de los consumidores, otro de los empresarios y un presidente, que representa a la Administración. La decisión se adopta por mayoría y equidad.

Tanto las Asociaciones de Cnsumidores como las de Empresariales y la Cámara de Comercio e Industria de Madrid están apoyando de forma decisiva este sistema de resolución de conflictos por entender que es la fórmula más sencilla para resolverlos.