Estas mismas fuentes aseguraron que las familias que no tendrán que pagar están recibiendo cartas en las que les especifica que están exentas de realizar tal operación.

La orden, del 2 de enero, fue muy iscutiva por FEAPS-Madrid, que incluso llegó a convocar el pasado 31 de enero a unos 2.000 discapacitados y familiares ante la sede del Gobierno madrileño, en protesta porque la norma supone la privatización de la red pública de atención a los discapacitados psíquicos.

La propuesta de la Consejería de Servicios Sociales fue dada por válida por mayoría en una Asamblea General Extraordinaria de FEAPS-Madrid, convocada el pasado 15 de febrero.

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, defedió en la Asamblea que, con este procedimiento, el 55,56 por ciento de los discapacitados no tendrían que pagar nada para acceder a la red de centros y residencias públicas y únicamente el 4 por ciento pagaría más de 62.000 pesetas, según un sondeo realizado por su departamento sobre 2.016 casos consultados.

Tras el acuerdo, el presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, manifestó que el Gobierno autonómico podría el 97 por ciento de la financiación necesaria para los centros de atención a discapacitdos, lo cual significará una aportación de 19.600 millones de psetas de los fondos públicos de la Comunidad. el 3 por ciento restante (unos 400 millones) correrá a cargo de los discapacitados.

Ruiz-Gallardón destacó que el acuerdo supone extender el Estado de Bienestar a la Comunidad de Madrid a más colectivos, yendo incluso más allá de lo que impone la Constitución, que garantiza la gratuidad de la salud y la educación, pero no de los servicios para discapacitados.

DOS SUPUESTOS

La Comunidad d Madrid prevé dos supuestos: si el discapacitado recibe una pensión pública, se aplica un porcentaje en función de la renta per cápita familiar y teniendo como tope el máximo de la pensión. En el caso de que el discapacitado no reciba pensión pública o sea receptor del subsidio de garantía de ingresos mínimos que dispone la Ley de Integración Social del Minusválido (LISMI), se le aplicaría la reducción de la base imponible del IRPF de la familia, teniendo siempre como tope el máximo del subsidio, en el cas de que lo reciba.

Según esta propuesta, las familias con algún hijo discapacitado con una minusvalía superior al 65 por ciento quedarían extentas si son dos miembros y con ingresos mensuales inferiores a 175.000 pesetas. Con el mismo nivel de minusvalía, también quedan exentas las familias de tres miembros con ingresos que no superen las 225.000 pesetas y las de cuatro miembros con ingresos inferiores a las 275.000 pesetas mensuales.

En el caso de que el discapacitado tenga una minusvalía entre l 33 y el 65 por ciento, los baremos son un poco más restrictivos que los anteriores.

COMPARECENCIA DE LA CONSEJERA

El Grupo Socialista de la Asamblea de Madrid, que rechaza el acuerdo, pidió la comparecencia de la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, que explicará mañana en el pleno el contenido del acuerdo entre la Comunidad y FEAPS.

La posición del PSOE pasa por pedir al Gobierno regional que negocie con todas las entidades implicadas, incluidas las que han rechazado el acuerdo,con todos los grupos parlamentarios, para mejorar el sistema de precios.