"Se pretende", añadió, "que no existan diferentes interpretaciones de una ley, que es muy compleja a la hora de planificar urbanísticamente o redactar los proyectos, y que la ley se aplique con el mismo rigor en toda la Comunidad de Madrid".

En la creación de este método han participado desde el Colegio Oficial de Arquitectos y la Cámara de Comercio, hasta la Administración autoómica y municipal, pasando por distintas asociaciones de construcotres y promotores.

En la Comunidad de Madrid existen actualmente 230.000 personas disminuidas físicas, según un censo que, por primera vez, ha elaborado la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales. Además, se está elaborando un inventario junto con la ONCE para detectar dónde están las barreras y cuál es la mejor manera de eliminarlas.

Según Alvarez Arenas, "la asistencia técnica de la ONCE, que cuenta con enorme experiencia comoespecialista y conocedora de estos temas, es fundamental para llevar a cabo el proceso de eliminación de barreras".

El convenio firmado por el Gobierno de Madrid con la fundación ONCE plantea también colaborar en la eliminacion de barreras arquitectónicas en los propios edificios institucionales. La Comunidad aportará 840 millones de pesetas y la ONCE, otros 135.