La iniciativa de la coalición insta al Gobierno que preside Joaquín Leguina a que ponga enfuncionamiento, en el plazo de tres meses, una Oficina Regional de Información de Subastas Judiciales, que tendrá como principal finalidad poner en conocimiento de los ciudadanos las subastas de bienes inmuebles que se celebren en la región.

Según la propuesta de IU, la citada oficina deberá contar con los recursos materiales y humanos necesarios para su funcionamiento, entre ellos un asesor jurídico que, de forma gratuita, informe a los interesados en participar en las subastas, con datos como preciode salida, hipotecas, censos y gravámenes a que estén afectos los bienes, entre otros.

La iniciativa de IU solicita también la confección de una publicación de carácter mensual para dar a conocer todas las subastas previstas y tener informados a todos los potenciales interesados.

En definitiva, IU pretende con esta propuesta transformar la actual realidad de los 'subasteros', que en su opinión monopolizan el control de las subastas judiciales, "alterando generalmente el precio de remate y desplegndo conductas que, en ocasiones, están tipificadas en el Código Penal, concretamente en el capítulo V del título XIII, referentes a maquinaciones para alterar el precio de las cosas".