IU solicita, en su iniciativa, que la Cámara regional inste al Ejecutivo autonómico a dirigirse al de la nación para que prohiba la fabricación, importación, comercialización y utilización del amianto, a partir del 1 de enero de 2003.

La coalición incluye en su propuesta un ruego al Ejecutivo regional en el sentido de que informe a los trabajadores potencialmente afectados por los efectos del amianto, como fibrosis pulmonar y cánceres de laringe, gastrointestinales, renales, de ovario o de mama.

En la CAM, hay 34 empresas relacionadas con el amianto, con centenares de empleados sometidos a este material, dijo Sanz.