"Le entregaré todo el expediente para que, en defensa de las libertades democráticas, adopte las medidas oportunas con el fin de que las irregularidades cometidas no supongan una indefensión para los afectados por las decisiones de la Junta Electoral, nombrada por decreto del cnsejero de Educación, Carlos Mayor Oreja, que amparan delitos penales y no garantizan la libertad ni la fiabilidad del voto por correo, pues como está demostrado puede perfectamente manipularse".

Citó entre las "irregularidades" la manipulación del censo electoral y dijo que el 5 de marzo se resolvieron las reclamaciones presentadas y se publicó el censo definitivo, pero el día 4 de abril se publicó un censo diferente al proclamado debido a que llevaron los alumnos de Vicálvaro a Fuenlabrada de forma ue no pudiese haber numerarios suficientes para elaborar una lista alternativa en Vicálvaro".

Explicó que las autoridades no aceptaron una candidatura en Vicálvaro y sí en Alcorcón y Fuenlabrada por ser estos centros más proclives a la Consejería de Educación.

Franco González dijo que dispone, para demostrar "el cúmulo de deficiencias detectadas", de documentos del registro de Correos donde se comprueba que no se aceptaron candidaturas de internos y de alumnos de Vicálvaro, alegando que llegaron uera de plzao, cuando no fue así.

Recordó las distintas iniciativas emprendidas contra el proceso electoral como la presentación de un recurso contencioso administrativo en el que impugna el reglamento, la petición de suspensión del mismo, por parte de muchos profesores, o la impugnación efectuada por los alumnos de Fuenlabrada.

Por último, pidió la suspensión del proceso electoral y la celebración de otro con todas las garantías democráticas.