Vargas señaló que establecer tasas a los usuarios de los centros de atención a personas discapacitadas supone privatizar este servicio, y denunció que esta iniciativa conculca diversos artículos de la Constitución, al no garantizar la asistencia pública a estas personas.

"Al poner precios públicos, cargan a las familias con hijos discapacitados doblemente. Por un lado, a trvés de la renta, pero también nos castigan con este sistema de precios", afirmó.

La representante de familias con hijos en centros públicos de atención a discapacitados criticó el hecho de que la Comunidad de Madrid haya negociado el acuerdo con los gerentes de los centros privados, "que ninguno tiene hijos discapacitados". "Les dijeron, desde la Administración regional, o firmais o no hay subvención", señaló.

Pidió que se inspeccionen los centros privados y anunció que esta tarde se reunirán conla consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, a la que han entregado un total de 10.000 firmas contra el sistema de precios públicos para estos centros.

La diputada de IU explicó que la Asamblea debatirá en el pleno del próximo jueves una proposición no de ley, presentada por su grupo, en la que pide la retirada del acuerdo de la CAM. García explicó que su coalición defiende la gratuidad de este tipo de centros.