Explicó que la enseñanza privada "crece a costa de seleccionar un alumnado muy definido, social y académicamente", mientras la pública "escolariza a un espectro de jóvenes más amplio".

A su juicio, los centros concertados se están "saltando a la torera las normas y, aunque están sostenidos con fondos públicos, no se hacen cargo de los cupos de solidaridad que deberían soportar".

Tras señalar a la Consejería de Educación omo la responsable de este "desequilibrio", aseguró que las "buennas palabras de los responsables madrileños de educación no son más que buenas palabras, ya que a los centros concertados nadie les obliga a acatar las normas que se convierten así en un buen predicamento, pero sin trigo".

Afirmó que, según un estudio de CCOO, en la Comunidad se contabilizan 18.637 extranjeros escolarizados, de los que 4.262 proceden de países desarrollados y 14.375 del resto. El 60% del total, 8.600, se situaban en Madrd capital.

González señaló que para el mismo curso de referencia y para esta zona, la Dirección Provincial rebajaba la cifra a 6.550, el 24% menos que la cifra real.

Por otro lado, las cifras oficiales sobre enseñanza concertada no se corresponde con los datos extraídos de los concirtos que se publican en el BOE. El pasado curso fueron autorizadas 37 unidades de integración, equivalente a un máximo de 444 puestos escolares para alumnado discapacitado. El total regional alcanza la cifra de 6.500 Según esos mismos datos, en el caso de minorías (concepto que incorpora a inmigrantes y gitanos) sucede algo parecido, ya que se han autorizado 49 unidades que corresponden a un máximo de 1.225 escolares, cuando el total regional supera la cifra de 25.000.

Ante esto, Franco González exigió "medidas urgentes para evitar los escandalosos porcentajes de alumnado con necesidades especiales que soportan los centros públicos".