Begoña San José, de IU, señaló que el primer problema radica en la falta de información que recibe la Comisión de Vigilancia de la Contratación, ya que el año pasado sólo se sometieron a su consideración contrtos de obras, servicios y suministros por un valor de 25.287 millones, el 18,8 por cien del total.

A su juicio, de no generalizarse la obligatoriedad de pasar por el Registro, se premiará indirectamente "a los órganos menos transparentes en la gestión".