Setién reiteró su oposición a la puesta en marcha de la incineradora, instalada por el Ayuntamiento de Madrid en las cercanías de Rivas-Vaciamadrid, y su petición a la Comunidad de Madrid de una moratoria a la puesta en marcha.

A su juicio, la incineradora es dañina para la salud de los 600.000 ciudadanos que viven en las proximidades de la misma y que se convertirían en "conejos de indas", dado que todavía se desconocen los efectos de las dioxinas que desprende, unas 480.000 dosis diarias.

De esta forma, el diputado de IU argumentó esta tarde en el pleno de la Asamblea de Madrid una pregunta de su grupo al presidente de la CAM, Alberto Ruiz-Gallardón, sobre dicha instalación. El jefe del Ejecutivo regional aseguró en su respuesta que "esta incineradora no perjudicará a los madrileños".

La pregunta de Setién pretendía saber si la CAM mantenía su decisión de aprobar la puesta enmarcha, en periodo de pruebas, de la incineradora de Valdemingómez, tras la reciente intervención de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre este asunto.

Ruiz-Gallardón, tras reiterar que no atenderá a la petición de una moratoria en la apertura de Valdemingómez, aseguró que la CAM aplicará la normativa vigente existente en el país de Europa más estricto al respecto.

Otra de las preguntas contestadas por Ruiz-Gallardón fue la relativa al proyecto de construir un Hospital en uenlabrada, formulada por Javier Rodríguez, diputado del PP.

El presidente regional aclaró que la responsabilidad es del Insalud y anunció que la CAM "ha urgido" la puesta en marcha de una comisión mixta entre la administracion estatal y madrileña, que concretará las necesidades sanitarias de la zona aludida (además de Fuenlabrada, Leganés y Getafe), donde viven unos 890.000 ciudadanos.

La última cuestión planteada al presidente regional fue planteada por Antonio Chazarra, del PSOE, que pidió la pinión de Ruiz-Gallardón sobre el bando de la alcaldesa de Boadilla del Monte, del PP, que pedía que no se contratara a los inmigrantes que no pudiesen demostrar la legalidad de su situación.

Ruiz-Gallardón reiteró lo dicho días después de la publicación del bando: que considera que fue un bando "desafortunado".