Según informó a Servimedia un responsable de la inmobiliaria que se ha hecho cargo de las negociaciones con los afectados, para tomar esta decisión "se ha considerado el factor humano y social, sin tener en cuenta otros temas, aunque sea a costa de perder dinero".

Las doce familias afectadas por el embargo de sus viviendas culpan a su abogado de la pérdida de los pisos. Según los afectados, el letrado les aconsejó no pgar a la constructora porque habían encontrado deficiencias en las viviendas.

El abogado abrió una cuenta en donde los vecinos ingresaban los pagos, pero la existencia de esta cuenta no se notificó al juzgado y el dinero nunca fue abonado a la inmobiliaria, que, finalizado el procedimiento judicial, iba a recuperar las viviendas impagadas.

Ayer los vecinos intentaron impedir el deshaucio de la primera familia. Una fuerte carga policial para controlar la manifestación vecinal acabó de forma sangrinta, con ocho vecinos heridos, tres detenidos y una policía apuñalada.

El acuerdo que se firmará en pocos días, según las mismas fuentes, satisface a todas las partes. "No se trata de revender los pisos y volver a cobrar la totalidad de la deuda", indicaron. "La inmobiliaria sólo pretende resarcirse de los gastos que desde hace 14 años, en que comenzó el procedimiento, le han costado las actuaciones judiciales".

La familia del albañil Juan de Pablo, que fue desalojada ayer por orden del juez y qu hoy pasó la noche en la calle, podrá volver a su casa y acogerse al acuerdo si finalmente se firma.

El responsable de IKASA aseguró a Servimedia que no es la primera vez que su empresa intenta negociar la deuda con los afectados en condiciones ventajosas. Sin embargo, explicó que hasta ahora no había sido posible por "el poder de convicción que tenía el abogado, Pedro Antonio Montero Marín, que asesoraba a los vecinos".

"Les advertimos en varias ocasiones a los vecinos del peligro de fiarse de ete abogado, pero nunca nos hicieron caso", aseguró el portavoz de la inmobiliaria.

Los pisos se vendieron hace 14 años a un precio aproximado de un millón y medio de pesetas, según la inmobiliaria, que no quiso precisar cuánto dinero perderá la empresa con este acuerdo.