Según señaló, acata el veredicto de la Administración de Justicia, pero "sentimos un profundo y radical desacuerdo con el contenido, porque no se ajusta a las disposiciones legales vigentes".

Para Herrera, con esta sentencia se ha vulnerado el orden jurídico de la normativa legal vigente en cuanto a urbanismo, ya que "los estudios de detalle no ueden modificar nunca las condiciones que establece el Plan General, porque poseen un rango jurídico inferior al del Plan".

Se mostró preocupado por esta decisión del Tribunal Supremo, porque a su juicio "sienta precedentes para otras actuaciones irregulares no sólo en Madrid, sino en toda España". Además, se preguntó para qué sirven los planes generales urbanísticos: "Creo que se convierten en papel mojado, que adquieren un mero valor indicativo o el de una simple pauta de comportamiento a seguir en a ordenación urbanística de las ciudades".

Izquierda Unida anunció que los abogados de su grupo estudiarán a fondo la sentencia y presentarán en el Constitucional un recurso de amparo, "no sólo porque es un derecho que nos asiste; va dirigido a amparar a los ciudadanos, a futuros gobiernos en el Ayuntamiento y a defender la transparencia de las leyes".

El Reglamento de Planeamiento Urbanístico establece en el artículo 65, punto cuatro, que "la ordenación de volúmenes no podrá suponer aumento de oupación del suelo ni de las alturas máximas y de los volúmenes edificables previstos en el Plan, ni incrementar la densidad de población establecida en el mismo".

Según IU, las Torres KIO han supuesto "la página negra del urbanismo madrileño con los órganos que deberían impartir justicia". Si se puede modificar el plan sin necesidad de que pase por el pleno ni por el período de información pública, se acaba con la participación ciudadana en el ordenamiento urbanístico y con el rigor del orden jurídico, apuntó el portavoz de la coalición.

Por último, indicó que la aprobación del estudio de detalle y la posterior concesión de licencias para continuar la construcción de las torres KIO por parte de los gobiernos, primero del CDS-PP y luego el de mayoría del Partido Popular, "ha supuesto el amparar una operación económica financiera en beneficio de los intereses privados".