Las diputadas destacan en su informe la situción d hacinamiento de las reclusas, "considerándose claramente insuficiente la infraestructura de las celdas en relación con el número de personas que las habitan".

Otro de los problemas detectados por estas parlamentarias es el referido a las condiciones laborales, "tanto en materia de salarios como en seguridad e higiene en algunos talleres". Algunas presas del taller de carpintería manifestaron que su salario es de 2.000 a 4.000 pesetas al mes. Asimismo, las diputadas apreciaron en el taller de pintura fuertes olores, con una ventilación claramente deficiente".

La droga es "otro motivo de grave preocupación, primero por el reconocimiento expreso por parte de la directora de la existencia de droga en la cárcel. Esta sensación, al margen de las palabras de la directora, fue experimentada asimismo por las diputadas", recalca el informe.

Con relación a este tema, el documento destaca que "es necesaria una mayor infraestructura para su prevención y tratamiento" y constata la existencia de un program de desintoxicación, en colaboración con Proyecto Hombre y subvencionado con 10 millones de pesetas por el Ayuntamiento de Madrid, "que se gasta íntegramente en la cárcel de hombres".

Dentro del documento se valora "positivamente la sección de 'Madres' y muy especialmente las instituciones de guardería y atención a menores".

Las diputadas destacan que la población reclusa está dividida por las autoridades de la prisión en cuatro grupos fundamentales: extranjeras, gitanas, toxicómanas y terrorista.