De comprobarse la legalidad de las firmas, la Asamblea deberá debatir y votar una ley que prohibe la incineración de basuras y residuos tóxicos en la Comunidad de Madrid.

El segundo artículo de la proposición de ley elaborada por Greenpeace insta, además, a las autoridades regionales a implantar sistemas de gestión y eliminación de residuosno nocivos para la salud pública y el medio ambiente, otorgando máxima prioridad a la reducción en origen.

Si la Cámara aprueba la ley, no podría entrar en funcionamiento la planta incineradora que el Ayuntamiento de Madrid tiene previsto poner en marcha en Valdemingómez.

Sin embargo, sólo uno de los tres partidos políticos con representación parlamentaria en la comunidad (Izquierda Unida) ha mostrado su total oposición a la incineración de residuos.

Greenpeace mantiene que este sistema de tatamiento de los desechos provoca emisiones a la atmósfera de "una amplia gama de productos tóxicos, persistentes y bioacumulativos a través de las chimeneas de las incineradoras".

Asimismo, la organización ecologista argumenta que estas plantas no eliminan el problema que provocan los vertederos, ya que entre un 30 y un 50 por ciento del material que entra en el horno, asegura, permanece en él en forma de ceniza tóxica.

Si la iniciativa que Greenpeace ha emprendido en la comunidad madrileña prosera, los ecologistas emprenderán acciones similares en otras comunidades autónomas donde existe la intención de instalar plantas incineradoras.