A partir del próximo 1 de julio, fecha en la que el traspaso será efectivo, la Comunidad de Madrid pasará a ejercer en su ámbito territorial las funciones que hasta la fecha venía desempeñando la Administración del Estado sobre provisión de medios materiales y económicos necesarios para el funcionamiento de la Administración de Justicia, incluidos los juzgados de paz. Entre estas funciones destacan la planificación, programación, control administrativo y provisión de medios materiales previstos para la actuación de los tribunales de justicia y fiscalías en Madrid, así como la instalación y puesta en funcionamiento de órganos judiciales de nueva creación con sede en la región madrileña.