El consejero explicó que la Comunidad ha trasladado a los 35 internos a varias residencias públicas, privadas y concertadas de la región y anunció que la Administración regional emprenderá acciones judiciales contra los familiares de estas personas que se desentiendan de sus obligaciones legales.

asta la fecha, la Comunidad ha localizado ya a familias de 25 del total de los internos y está tratando de encontrar al resto.

Cobo recordó que estas mismas residencias ya fueron multadas con más de 13 millones de pesetas en 1994 y que en la inspección realizada hace dos meses se detectaron las siguientes infracciones: fata de limpieza en baños y habitaciones, algunas de ellas tenía telarañas y los colchones estaban manchados y desprendían mal olor; deficiencias en mobiliario e instalaciones, con cabls sueltos, armarios sin cerradura y parquet deteriorado; la medicación no estaba centralizada en el botiquín; la cocina no cumple la normativa vigente y carece de vigilancia o cuidado para los internos.

La Comunidad, al detectar indicios de delito derivadas de las inspecciones, dio cuenta al Juzgado de las infracciones descubiertas.