Este proyecto, que ha sido remitido al Consejo Económico y Social y que posteriormente será debatido en la Asamblea de Madrid, "equipara el régimen de responsabilidad civil de los administradores de las cooperativas con el de los administraores de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, regula de forma razonable las operaciones o actividades cooperativizadas con terceros y reduce a tres el número de socios necesarios para constituir una cooperativa, lo que contribuirá al fomento de estas sociedades y a la creación de empleo".

Además, hace atractiva la posición del asociado, aumentando su capacidad decisoria dentro de la cooperativa y realiza una verdadera clasificación de las mismas teniendo en cuenta los distitos grupos y clases, añadiendo las siguientes: cooperativas de iniciativa social, comercio ambulante, integración social e integrales.

El citado proyecto regula el registro de cooperativas de la Comunidad de Madrid, añadiendo a las funciones actuales, la legalización de los libros obligatorios de estas sociedades, el nombramiento de expertos y auditores, así como el depósito de las cuentas anuales y los informes de gestión y auditoría, cuyo desarrollo se regulará reglamentariamente.

Asimismo, preé la creación del Consejo Madrileño del Cooperativismo, como órgano consultivo y de colaboración, con la presencia de las entidades asociativas, las administraciones locales, las universidades madrileñas y expertos.