La nueva ley establece los regímenes de protección del patrimonio cultural, medidas de fomento y régimen sancionador. En el título preliminar fija las competencias y posibilidades de colaboración entre las administraciones públicas y los particulares, con una mención especial a la Iglesia Católica como titular de numerosos bienes culturales.

Asimismo, la ley regula los distintos grados de protección de los bienes culturales y sus diferentes categorías: monumento, conjunto, ardín, sitio y zona arqueológica. Se han introducido dos categorías nuevas: lugar de interés etnográfico y zona palentológica.

El proyecto prevé la creación de una figura intermedia de protección para los bienes que, sin alcanzar el valor de los catalogados como de interés cultural, tengan una especial significación e importancia.