La norma tiene, entre sus objetivos evitar, reducir o minimizar los efectos adversos sobre el entorno derivados de la puesta en marcha o ejecución de determinados planes, programas o proyectos, además de mejorar la eficacia preventiva de la normativa regional y agilizar los procedimientos previstos, según explicó el consejero de Presidencia, Manuel Cobo

El proyecto dota de una mayor racionalidad a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental de proyectos, agilizándose la tramitación con la introducción de un procedimiento abreviado para 53 categorías de actividades.

Asimismo, se faculta a la CAM para acordar que una determinada actuación, aun no estando obligada por ley, se someta a evaluación ambiental siempre que existan circunstancias extraordinarias que puedan suponer un riesgo ecológico.

El proyecto del Gobierno regional inclye un régimen sancionador con multas de hasta 2.404.050 euros (400 millones de pesetas).

El Ejecutivo podrá sancionar de acuerdo a la gravedad de la infracción, de tal modo que la cuantía no podrá ser igual o inferior al beneficio económico que resulte de la comisión de la falta, aunque ello suponga alterar las sanciones máximas previstas, evitando que incumplir la ley sea ventajoso para el infractor.