El portavoz de Alianza Evangélica de España, Pedro Tarquis, explicó esta tarde a Servimedia que los gitanos protestantes han decidido encerrarse, después de que la Delegación del Gobierno en Madrid les haya prohibido la oncentración que tenían prevista realizar delante de los templos momentos antes de su derribo.

A juicio de la Federación Española de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede), esta demolición "es un acto de clara discriminación hacia el colectivo gitano y protestante, que contrasta con el trato de favor hacia la Iglesia católica".

La Ferede destaca que la orden de demolición se realiza en virtud de un auto judicial que no es firme y sin que se haya cumplido el requisito legal previsto e estos casos para los templos evangélicos que obliga a que se les prive del carácter religioso (en virtud de los acuerdos de cooperación Ferede-Estado de 1992, aprobados por la Ley 24/1992).

La federación denuncia que el Ayuntamiento de Madrid prometió por escrito en 1995 ofrecer un lugar definitivo a la iglesia gitana evangélica y le autorizó a ocupar mientras tanto, como sede provisional, el lugar que ahora amenazan con demoler, sin que hayan cumplido su compromiso. Esta situación coincide con la realificación de la zona verde en la que estaban ambos templos, para construir un tanatorio.

"Los hechos suponen, además, un claro trato discriminatorio hacia un colectivo que está realizando una labor muy positiva en el terreno social: alfabetización de todos los grupos gitanos (incluyendo mujeres y niños), prevención de la marginación, de la delincuencia y la drogadicción; y promoción del papel social de la mujer gitana (las primeras gitanas españolas que se sacaron el carné de conducir fueron evangélcas)", resalta la Ferede.

Añade que "esta discriminación, que castiga a un grupo que merece y necesita todo el apoyo posible, contrasta dolorosamente con la manifiesta permisividad que se ha otorgado a edificios de la Iglesia católica en Madrid, en contra de la legislación urbanística".

La Ferede ha enviado una carta acompañada de documentación que avala lo expuesto al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón; al presidente del Gobierno, José María Aznar, y al Defensor del Pueblo, Enrique Múgica entre otras personalidades políticas y religiosas.

Junto a la Ferede, manifiestan también su apoyo el Consejo Evangélico de Madrid (representante legal ante la Comunidad de Madrid) y la Alianza Evangélica Española (miembro de la Alianza Evangélica Europea, con representación en el Parlamento de la UE en Bruselas), que está estudiando elevar a la UE esta actuación como un atentado contra la libertad religiosa.