Gallardón destacó que la actual ley, que tiene más de 100 años, necesita una reforma importante, ya que, "al margen de pequeñas modificaciones que se han considerado ugentes y son necesarias, nos tenemos que dotar de un nuevo Código Procesal que adapte nuestra normativa a la realidad social en la que se tiene que aplicar la actuación de los jueces de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

"No creo que el sistema acual dificulte la prueba, sino que lo que pasa es que todos debemos de aplicar el principio de oralidad, en el sentido de que una acusación requiere pruebas, y otro principio que en el sistema español ha tardado mucho tiempo en entenderse, que es que la confesión inicial ante las autoridades gubernativas, no es prueba en un juicio", explicó.

El presidente de la Comunidad de Madrid hizo estas reflexiones en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, al ser preguntado sobre los 662 juicios rápios celebrados en la región durante los diez primeros meses de 1997.

Ruiz-Gallardón explicó que en España se ha tardado mucho tiempo en entender que la confesión inicial ante la policía no constituye prueba en un juicio, porque quines practican la detención o sostienen la acusación tienen que acreditar la autoría de un delito.