Gallardón añadió que hay incluso casos en los que su Gobierno ha sido llevado a los tribunales de justicia por introducir criterios de discriminación positiva e sus relaciones con terceros, con vistas a la incorporación de minusválidos al mundo laboral.

"No nos importa, estamos absolutamente convencidos de que cuando nos asiste la razón, nos acabará asistiendo el derecho, y si el derecho actual no ampara esa razón, lo que hay que hacer no es modificar la razón, sino modificar el derecho y cambiar las leyes", manifestó.

Tras explicar que la Comunidad de Madrid considera prioritaria la integración social en su política para personas discapacitadas, Gallarón señaló que su pretensión es, a través del Plan de Acción para Personas con Discapacidad, aprobado recientemente y en vigencia hasta el 2002, prestar una atención integral al discapacitado.

Destacó el hecho de que toda política de integración social ha de comenzar por el empleo de los minusválidos, "que constituye nuestra máxima prioridad".

Por su parte, Fernando Becerra, portavoz del CERMI de la Comunidad de Madrid, mostró su apoyo crítico al plan de discapacitados de la Comunidad y dijo a Galardón: "Cuente con nosotros para potenciar el desarrollo efectivo del plan, que en la actualidad mucho nos tememos sea excesivamente lento".