Asimismo, dijo que "es propósito" de su Gobierno convertir este decreto en "una obligación, mediante la aprobacion de una ley, en la Asamblea de Madrid, de tal forma que lo que hoy es una decisión discrecional se convierta en una obligcion legal para todo los gobiernos".

En virtud del acuerdo alcanzado entrela Comunidad y las federaciones más representativas del sector, alcanzado el 16 de febrero de 2001, el precio máximo a satisfacer por los usuarios de los centros nunca puede sobrepasar la pensión pública que reciban, o la prestación económica pública a que tengan derechos sus padres, por tener un hijo discapacitado.

Asimismo, cuando el usuario no tenga derecho a prestación económica pública, el precio público máximo será la cuantía que puede deducirse de la base imponible del IRPF.

La Comunidad dstinará 19.400 millones de pesetas, en el trienio 2000-2002, y los usuarios 600 millones, para costear estos centros. Según la Consejería de Servicios Sociales, el 56% de los usuarios (2.012) no tendrán que pagar ninguna cantidad.

Gallardón recordó que la Comunidad es la primera autonomía en implantar un modelo en el que se conjuga la existencia de una red pública con clara tendencia hacia la universalización de servicios, y la gratuidad, directa o indirecta, de éstos.

"Cuando se lidera una situaión y se es el más avanzado en España, en cuanto a la prestación de un servicio público, en este caso a los discapacitados, como es la Comunidad, tenemos motivo hondos para sentirnos satisfechos", manifestó Gallardón, que añadió que "todo lo que sea mejorar de cara al futuro siempre es una ambición que tiene que estar en cualquier gobernante".