Explicó que el Ejecutivo autónomo estudia la posibilidad de retringir la subasta de suelo por parte de las administraciones, y establecer la obligatoriedad para los municipios de facilitar suelo suficiente para levantar viviendas sociales, con el objetivo de "evitar que el suelo sea una fuente indiscriminada de financiación, con el enorme coste social que supone encarecer el acceso a una vivienda".

Gallardón, en respuesta a una pregunta del diputado de IU Juan Ramón Sanz sobre la viviena, manifestó que el Plan de Vivienda 1997-2000, con un presupuesto de 28.164 illones de pesetas para llevar a cabo más de 37.000 actuaciones, ha sido "un instrumento decisivo para acabar con la retención especulativa".

Explicó que el precio de la vivienda se incrementó en un 18,6%, en el periodo 1996-1999, en España y que en la Comunidad de Madrid el aumento fue de 9 puntos menos.

El presidente regional destacó que en el periodo 1991-95 se realizaron 74.418 actuaciones en vivienda y en la etapa 1995-99, 101.296, y que las subvenciones reconocidas por parte de la Comunidadde Madrid y el Ministerio de Fomento supusieron 12.051 millones de pesetas entre los años 91-95, frente a los casi 40.000 millones de los últimos cinco años.

Por su parte, el diputado de la coalición de izquierdas denunció el "absoluto fracaso" de la política de vivienda de la Comunidad y afirmó que el plan de vivienda pervisto para el periodo 1997-2000 tiene un grado de ejecución que no alcanza ni el 20 por ciento".

Criticó el decrecimiento continuo, desde 1995, de las inversiones presupuestaria en construcción de viviendas a través del IVIMA, que, en ningún caso, se compensan con las acciones llevadas a cabo mediante la indeseable y entreguista fórmula de la cesión de derechos de superficie a promotores privados".

Sanz acusó al Gobierno autonómico de no querer reconocer la existencia de una demanda estructurada en torno a los agentes sociales y vecinales que se cuantifica en más de 15.000 demandantes integrados en cooperativas, a las que no se les facilita suelo a precio razonable, sino quese obstaculiza su acción.

Añadió que la Administración regional no ha tomado ninguna iniciativa para intervenir sobre las más de 30.000 casas vacías existentes en la región.