El presidente de la Comunidad, Alberto Ruiz-Gallardón, explicó que este medida cuesta a las arcas regionales 400 millones de pesetas, que complementan los 23.000 millones de pesetas que este año dedicará la Admiistración autónoma a estas personas.

Calificó de "importante" esta decisión y dijo que se he ha tomado porque "existía justicia en la pretensión" de los padres de discapacitados de centros públicos, que se oponían al actual sistema y que en varias ocasiones se han manifestado delante de la sede de la Comunidad.

El actual sistema de precios en estos centros marcaba unos baremos que dejaban exentos de pago a algunas familias, dependiendo de sus rentas, y obligaba a abonar una cierta cantidad a los ue superaban los límites, que nunca superaba lo que el discapacitado recibe en concepto de pensión estatal.

El presidente autonómico reconoció que "hemos rectificado en el tiempo", pero no en el fondo de la cuestión, porque estaba pensado aprobar esta medida en 2003.