Las compañías privadas de vigilancia han contribuido a mantener en niveles aceptables la tasa de delitos graves en la ciudad, reconoció Fernández-Monzón, por lo que propuso que también ayuden a combtir infracciones de las ordenanzas, como la venta ambulante, que afectan directamente a sus clientes.

Fernández-Monzón explicó que esta medida no sería descabellada "si siguen creciendo las poblaciones marginales y no siguen creciendo los efectivos policiales".

A juicio del inspector-jefe de la Policía Municipal, los aproximadamente 15.000 ó 20.000 trabajadores del sector de seguridad privada que hay en la ciudad "hacen una labor extraordinaria".

En cambio, se mostró contrario a que los agenes privados lleven armas, por entender que, aunque tienen un efecto disuasorio, pueden producir desgracias.