En virtud del real decreto 1751/1990, de 21 de enero de 1991, a partir de 1996 los militares que pasen a la situación de reserva deberán abanonar la vivienda que ocupan, lo que afectará a más de 20.000 familias de todo el país, según las mencionadas asociaciones de vecinos.

Los militares protestan asimismo por el incremento anual, próximo al 20 por cien, que han experimentado los alquileres de las viviendas militares desde 1991, pese a que los militares, como el resto de los funcionarios, sufrieron congelación de sus retribuciones durante dos años.

"Existen viudas con pensiones que no alcanzan las 52.000 pesetas mensuales y que con elvigente desarrollo del real decreto dentro de dos años pagarán el 72% de su pensión como alquiler mensual de su vivienda, cuando según la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente la revisión de los alquileres de las viviendas de protección oficial -las viviendas militares lo son- se hará teniendo en cuenta el IPC", señalan en un comunicado las asociaciones de inquilinos de casas militares.