Dijo que "ha llegado el momento de que abramos un profundo debate" sobre la citada ley que cuenta "con un descrédito social extraordinario". Reconoció que "su no aplicación por falta de recursos genera un sentimiento de impunidad de los menores" y que se le atribuyen "muchas consecuencias negativas que no son de su responsabilidad," y se mostró partidario de realizar algunas reformas, que habrían de materializar con la misma "unanimidad de su aprobación".

Tras afirmar que "nos sentimos sus últimos defnsores", explicó que esta ley "necesita algunas reforma y muchísimos recursos".

"No tiene alternativa, es la que está en toda Europa y habrá que hacer retoques, pero cumple con el mandato de la Constitución de intentar recuperar cualquier delincuente. Si es necesario hacerlo con los mayores, que es la asignatura pendiente de nuestra sociedad, cómo no hacerlo con los menores", manifestó.

Núñez Morgades reconoció que es una ley cara, explicó que supone una "extraordinaria inversión social" y record que llevamos tres años sin el necesario reglamento que la desarrollo, además no tenemos equipos técnicos suficientes".

A su juicio, el nuevo ministro de Justicia debería reunir "cuanto antes" al consejo sectorial respectivo para abordar este tema. Afirmó asimismo que se debe analizar con la Federación Madrileña de Municipios el rechazo vecinal a la construcción de nuevos centros de menores.

Propuso asimismo la realización de un "plan integral del delito del menor", basado no tanto en la correccin del delito del menor sino en cómo prevenir el delito. "Sería un objetivo precioso a medio y largo plazo, un planteamiento con la filosofía no de invertir en policías, que también son necesarios, sino en educadores", indicó.

Habló de la necesidad de "recuperar la figura del educador de calle, que se ha perdido, que es la persona que en la calle detecta qué es lo que está pasando. Tenemos que adelantarnos y aprovechar los excelentes trabajadores de los servicios sociales". añadió.

El Defensor delMenor, que compareció a petición del PSOE e IU, reclamó ante la Cámara regional, institución a la que rinde cuentas anualmente, más personal, una nueva sede y más juzgados de familia.

Defendió la realización de un estudio sobre la custodia compartida entre los dos cónyuges, en casos de separación, y abordar el "llamado maltrato institucional", que es el que sufre "una pareja que quiere separarse y tiene que esperar 8 ó 10 meses a que se dicten las medidas provisionales".

Se mostró partidario de l regulación de los "'niños artistas', que cada vez más participan en castings y anuncios. Hay unos 3.000 que solicitan permiso y sólo existe una autorización administrativa laboral pero ningún seguimiento de estabilidad emocional, proceso educativo. Nos parece importante regular la participación de los menores en eventos, grabaciones, producciones y películas".