Así lo anunció hoy en rueda de prensa el consejero de Inmigración y Cooperación de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, después de la reunión que mantuvo con los representantes de 12 asociaciones de inmigrantes de rumanos y búlgaros, en la sede de su Departamento.

En esta reunión también estuvieron presentes el presidente de la Federación de Municipios de Madrid, Bartolomé González, y el director general del Instituto de Estadística de la Comunidad madrileña, José María Rotellas.

Fernández-Lasquetty explicó que, el 27 de noviembre de 2007, "el INE emitió una instrucción en la que señalaba la necesidad de exigir un certificado de inscripción en el Registro de Extranjeros a los extranjeros comunitarios para empadronarse en España", lo que provocó demoras de meses en su empadronamiento.

Sin embargo, el presente mes de abril, el INE suspendió esta instrucción, sin aclarar si esta medida tenía un carácter eventual o permanente. En palabras de Fernández-Lasquetty, se trata de "una actitud poco seria, sin fundamento jurídico", que afecta principalmente a los ciudadanos búlgaros y rumanos, por ser las nacionalidades de inmigrantes mayoritarias en la Comunidad de Madrid.

El consejero denunció que esta política "no es una casualidad, sino que el Gobierno de Zapatero ha querido, con las elecciones por medio, tapar el fracaso de la moratoria impuesta a ciudadanos rumanos".

El Gobierno regional anunció que "ha presentado una reclamación ante la presidenta del INE para que aclare si la medida adoptada en abril es permanete o temporal, y que comunique la decisión a todos los ayuntamientos".

Fernández-Lasquetty subrayó que su objetivo es "facilitar el empadronamiento de estos ciudadanos, teniendo en cuenta que son ciudadanos de pleno derecho de la Unión Europea".

Asimismo, denunció que la instrucción del INE coloca a los ciudadanos comunitarios en una situación de discriminación con respecto a los extranjeros no comunitarios, a los que "no se les exige tantos documentos para empadronarse".