El estudio, publicado en el número especial dedicado a 1991 por la revista del Colegio de Economistas de Madrid, tiene en cuenta los siguientes indicadores: transportes, comunicaciones, oferta energética, abastecimiento de agua, medio ambiente, educación, sanidad, asistencia social y cultura.

La comunidad mejor situada en relación con estos indicadores es Madrid, que supera en 2,4 veces a la peor dotada, CastillaLa Mancha, diferencia superior a la que existe entre sus respectivas rentas "per capita".

Además de Madrid, figuran por encima de la media y por este orden, Cataluña, País Vasco, Comunidad Valenciana, Baleares y Andalucía. Por debajo hay diez, que son Castilla y León, Galicia, Navarra, Aragón, Cantabria, Canarias, Murcia, Extremadura, La Rioja y Castilla La Mancha.

En conjunto, Madrid es la comunidad más favorecida en las infraestructuras de carácter económico que apoyan directamente las actividaes productivas (transportes, comunicaciones, agua y energía), en tanto que Cataluña ocupa la primera posición en los aspectos sociales (educación, sanidad, cultura y medio ambiente).

En el extremo opuesto, Extremadura es la peor dotada en los aspectos económicos y Castilla La Mancha en los sociales. La mayoría de las comunidades logran una mejor puntuación en los indicadores sociales que en los económicos, aunque no ocurre así en Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Madrid y País Vasco.

CONDICIOA EL DESARROLLO

El estudio afirma que, al comparar la riqueza y el empleo de las distintas comunidades, se comprueba que las infraestucturas "tienen un impacto positivo y significativo para explicar las diferencias regionales y provinciales en renta". Sólo Andalucía tiene un nivel de infraestructuras relativamente superior a su renta "per capita".

Para los autores, las comunidades caracterizadas por un nivel de desarrollo menor, Extremadura, Castilla La Mancha, Galicia, Castilla y León, Andalucíay Murcia, "tienen dotaciones de infraestructura deficientes, al tiempo que presentan bajas densidades de población, altas proporciones del empleo agrario en el total y bajos niveles de renta per capita".

A su juicio, "uno de los retos importantes que tiene España en el transcurso de esta década recién comenzada es la política de inversiones en infraestructuras básicas, como son transportes y comunicaciones, que durante un periodo dilatado de tiempo han estado sin acometer, lo cual ha supuesto un obstáulo al desarrollo de la actividad económica".

Asimismo, consideran que la inversión pública debe asegurar en las regiones más atrasadas el acceso a los servicios públicos de tipo social, como educación, sanidad y centros asistenciales.

"Más aún", concluyen, "cuando en estas regiones, las posibilidades de sustitución por la oferta privada son difíciles de producir, dados los bajos niveles de renta y las condiciones económicas desfavorables que las caracterizan".