Los grupos de la oposición argumentaron hoy en la Comisión Informativa de Hacienda su postra. Izquierda Unida mostró sus dudas sobre la legalidad de la privatización porque la empresa concesionaria puede llevar testigos de oficio para que la notificación de la multa al interesado sea fehaciente.

"Los testigos normales son los vecinos de las fincas, pero si esta empresa recurre a testigos contratados para que den fe, testigos profesionalizados, eso puede bordear la legalidad", señaló el concejal de IU Gerardo del Val.

Del Val añadió que "en el pliego de condiciones no se especifica, peo a nuestras preguntas concretas nos han dicho que se recurrirá a cualquier tipo de medida. Con ese tipo de arbitrariedades nosotros no podemos estar de acuerdo".

El edil calificó la privatización como "negocio servido en bandeja" porque la empresa concesionaria tiene el beneficio asegurado desde el principio.

Por su parte, el concejal socialista Eugenio Morales defendió que se sigan utilizando los empleados municipales para cobrar las multas. Además, Morales indicó que, "aún siendo necesaria la isciplina de tráfico en la ciudad, las medidas represoras no son las idóneas para conseguirla".

"Al contrario", argumentó, "hay que hacer un proceso de concienciación para racionalizar el transporte privado, hay que abrir más vías para el transporte público y hay que restringir la circulación en algunas áreas de la ciudad".