La operación, realizada conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y las consejerías de Bienestar Social y de Sanidad de la Comunidad de Madrid, se inició semanas atrás, cuando dos ciudadanos e nacionalidad ecuatoriana comparecieron en la Brigada de Extranjería para denunciar las penosidades que habían sufrido mientras prestaban servicio en dos residencias para mayores en Colmenar y para alertar sobre la penosa situación de los ancianos que allí residían.

Los establecimientos eran la residencia La Milagrosa y Santa Rosa de Lima, que alojaban a 25 y 23 internos, respectivamente. Rubén Pablo A.M., de 27 años, e Isabel S.P., de 49, ejercían como responsables de los centros.

Los agentes legaron a simular el ingreso de un anciano en uno de los dos establecimienros, para llevar a cabo diversas comprobaciones. La situación de los centros era alarmante, debido al precario estado de salud de los ancianos y a que los únicos trabajadores que se ocupaban de ellos eran ciudadanos ecuatorianos sin ningún tipo de titulación, conocimientos ni experiencia para desempeñar la labor que realizaban.

En cada una de las residencias trabajaban tres personas, que, durante seis días a la semana, realizan ua jornada laboral de doce horas, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde; el siguiente periodo lo cubría un sólo empleado en cada residencia. Todos ellos cobraban alrededor de 90.000 pesetas mensuales.

Las instalaciones carecían de patio para que los ancianos pudieran pasear y solamente un pequeño balcón les permitiía ponerse en contacto directo con la luz solar.

Cada interno pagaba entre 135.000 y 150.000 pesetas por su estancia en una de las residencias. Según la policía, los cenros recibían subvenciones, con lo que "parece claro que era un buen negocio: bajos costes de mano de obra, pésimas instalaciones, comida de 'rancho'...".

La policía investiga algunas denuncias contra la detenida, Isabel S.P., por presuntas falsificaciones de nóminas y documentaciones de algunos de los residentes.