Según informa la Dirección General de la Policía, los inmigrantes entregaban a los estafadores una fotocopia del pasaporte y una señal que solía oscilar entre 60 y 180 euros. Al final del proceso, podían pagar hasta 480 euros.

Cuando la víctima tenía la resolución, acudía rápidamente a dare de alta en la Seguridad Social, ajenos totalmente a la invalidez del documento. La situación de desamparo en la que se encontraban era extrema, pues no sólo eran víctimas de una estafa sino que estaban irregulares en nuestro país.

En el piso del cabecilla de la organización, Diego M.G., sito en la capital, los agentes intervinieron setenta y cuatro resoluciones falsas, una máquina de escribir eléctrica, dinero en efectivo y utensilios para la falsificación, como correctores, un tampón, tinta azul y na lupa.

Los detenidos son Freddy Arely E.M., de 26 años; Mauricio G.B., de la misma edad; José Jair T.R., de 33 años; Darío S.V., de 38; Jolmar V.Q., de 33; Carolina R. de 20 y Miriam M.P., de 35.